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Junín: detectan perjuicio económico por casi S/ 700 mil en Pichanaki

Contraloría General de la República implica a excandidato regional, Zósimo Cárdenas Muje, en presuntas irregularidades en obra vial vecinal.
Así quedó la obra, con sistema de drenaje phuvial obstruido.

La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 682 268,71 en contra de la Municipalidad Distrital de Pichanaki, en el departamento de Junín, por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del mejoramiento de las calles del Sector 3 de Mayo y Piedra Lunar.

El costo total de dicha obra fue de S/ 5’170,939.49.

Asimismo, identificó la presunta responsabilidad administrativa, civil y penal en ocho funcionarios y servidores de la entidad municipal, cuyo alcalde fue el ex candidato al Gobierno Regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, quien renunció a su cargo para dedicarse a su campaña.

Los funcionarios implicados son: Zósimo Cárdenas Muje (ex alcalde), Elmer William Velásquez Chupán, Jhoan Ivanol Castro Barzola,  Marilú Sonia Camarena Dávila, Christian Fabián Galván Orihuela, Luis Benjamín Muñante Vásquez, José Antonio Pérez Hinostroza y Roy Tomás Gonzáles Mayta.

Las observaciones detalladas en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 903-2018-CG\GRJU, son las siguientes:

Observaciones:

1.
Los funcionarios y servidores de la municipalidad de Pichanaki evaluaron y admitieron la propuesta del postor que no cumplió con acreditar los requerimientos técnicos mínimos, permitiéndole acceder a la evaluación técnica. Le otorgaron además un puntaje mayor al que le correspondía.

2. En la ejecución de la obra, tramitaron, evaluaron, otorgaron su conformidad y aprobaron dos ampliaciones de plazo y un adicional de obra carentes de sustento técnico.

3. Pagaron por partidas no ejecutadas y omitieron la aplicación de penalidades al contratista, transgrediendo la normatividad de contrataciones del estado, y, por ende, generando el perjuicio económico por S/. 682 268,71.

La Contraloría recomendó el inicio del procedimiento sancionador, a los funcionarios y servidores comprometidos en los presuntos actos irregulares.

Asimismo, a la Procuraduría Pública de Contraloría General de la República iniciar las acciones legales contra los funcionarios y servidores implicados e las presuntas irregularidades.



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