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En Junín hay un policía por cada 508 habitantes y un patrullero por cada 12 mil ciudadanos

Operación de control “Seguridad Ciudadana 2019”  de la Contraloría General de la República evidenció que el 99% de policías de Junín requieren de radios portátiles de comunicación para el patrullaje

Control comisaría por la contraloría general

Contraloría realizó operación de Seguridad Ciudadana 2019. Foto: CGR.

La operación de control “Seguridad Ciudadana 2019”, realizada por la Contraloría General de la República, constató que en la región Junín existe una relación de un policía por cada 508 habitantes y un patrullero por cada 12 mil personas. Y el 23% de los patrulleros estarían inoperativos.

La acción de la Contraloría, realizada de enero a mayo de este año, también identificó que en el 4% de las comisarías de Junín aún no se han instalado los Centro de Emergencia Mujer, oficinas que brindan orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica a víctimas de violencia familiar y sexual.

Otro dato que informó la Contraloría General de la República, es que el 98.5% de policías de Junín requieren de radios portátiles de comunicación para realizar el patrullaje motorizado y a pie. De acuerdo al Manual de Patrullaje de la Dirección General de la Policía, los efectivos deberían contar con equipos de comunicaciones, chalecos antibalas y esposas metálicas. No contar con el equipamiento completo afecta la adecuada prestación del servicio de seguridad ciudadana.

Asimismo, el 52% de las Comisarías no contarían con el “Plan de Patrullaje Integrado para el año 2019”, lo cual denotaría la ausencia de acciones articuladas e integradas con las municipalidades, alertó la Contraloría.

El Plan de Patrullaje Integrado prioriza la vigilancia en los sectores más peligrosos registrados en el mapa del delito de una jurisdicción. Según la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, ambas entidades deben coordinar los planes de patrullaje, bajo el liderazgo de la Policia Nacional del Perú.

La entidad también constató que el 23% de vehículos motorizados para el patrullaje se encontrarían inoperativos, situación que afecta la cobertura del servicio e incrementa la percepción de inseguridad de los ciudadanos.

«El patrullaje es un mecanismo de vigilancia preventiva y disuasiva que puede ser percibido directamente por la población», señala la Contraloría.

Otra de las deficiencias encontradas en Junín es que el 44 % de comisarías no contarían con un mapa gráfico y georreferencial de las medidas de protección remitidas por el Juzgado de Familia, lo que podría afectar la adecuada programación y ejecución de acciones para la protección de las víctimas y denunciantes de violencia familiar, poniendo en riesgo su integridad física.

Riesgos en municipalidades

En el caso de las municipalidades, el 52% de ellas no habrían regulado el servicio del Serenazgo a través de Ordenanzas, lo que pondría en riesgo la formalidad de sus acciones y debilitaría la gestión municipal en seguridad ciudadana.

El 27.8 % de los vehículos motorizados que destinan las municipalidades para el patrullaje se encontrarían inoperativos, lo que estaría afectando la cobertura del servicio y debilita la gestión en las jurisdicciones municipales.

El 36% de municipalidades no ccuenta con un sistema de videovigilancia en funcionamiento, lo cual afecta el carácter disuasivo y preventivo en las vías y espacios públicos.

El 36% de municipalidades de la región Junín no habría realizado ninguna consulta pública en el primer trimestre del 2019 respecto a la seguridad ciudadana, lo cual estaría ocasionando desinformación y limitaría la participación de los ciudadanos en esta materia.

Percepción de inseguridad

La Contraloría General informó el operativo de control fue realizado del 10 al 14 de junio de este año. En Junín fueron supervisadas 25 comisarías y 25 municipalidades, con el fin de mejorar la seguridad ciudadana.

Según el sondeo de Pulso Perú de junio de este año, el 85 % de peruanos se sienten inseguros en las calles por efectos de la delincuencia.

Los resultados del operativo de control fueron notificados al Ministerio de Interior y al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, presidido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), así como a la Policía Nacional y las municipalidades visitadas, con el propósito de que -en el marco de sus respectivas funciones- adopten las acciones correctivas y preventivas que correspondan para mejorar el mencionado servicio público.

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